CINE A LA SELVA (en comunidades indigenas de Pastaza)
¿Donde?: en la amazonica provincia de Pastaza, en 24 comunidades mostrando 24 proyecciones de peliculas ecuatorianas y latinoamericanas durante todo el año 2012.
BRIGADA ANIMAL ITSI "Amor es acción"
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RADIO LA HORMIGA
Radio La Hormiga programa alternativo que busca crear espacios sin censura cultural.. tiene como objetivo concientizar a nuestra gente sobre la protección de nuestra madre tierra, impulsar el turismo ecológico
Brigada Animal ITSI en accion en Puyo, charla de Cristina Teruel Vilar
lunes 5 de marzo de 2012
jueves 1 de marzo de 2012
CONAIE: PORQUE MARCHAR? Luchando y resistiendo por el Sumak Kawsay
La
situación de empobrecimiento y deterioro de nuestras condiciones de
vida, así como la amenaza de que se avance en la destrucción de la Madre
Tierra, nos obliga a movilizarnos. El modelo económico implementado por
el actual gobierno no ha superado las políticas neoliberales, sino que
por el contrario, ha fortalecido el Estado en función de sostener el
crecimiento de los principales grupos capitalistas del país.
El alto costo de la vida,
que ha empobrecido a las familias ecuatorianas, sigue creciendo. La
canasta básica ha aumentado de $539,67 a $581,21, mientras el salario
mínimo de los trabajadores se mantiene en $292 y los agricultores
subsidian hasta un 50% el precio de los productos que llegan al mercado.
Los sectores más pobres nos enfrentamos a la imposibilidad de suplir
nuestras necesidades básicas.
Mientras tanto, el gobierno impone nuevos impuestos
que afectan duramente a las economías más pobres para aumentar la
recaudación del presupuesto nacional, que contradictoriamente ha
aumentado su inversión en defensa y asuntos internos a $3.346 millones, y
asignado sólo $211.460 millones en agricultura, un 17,69% menos que en
2011, destinando sólo 9.9 millones en subsidios agrarios (0,20% del
total).
Con este objeto el gobierno, que había disminuido la deuda con el FMI, ha intensificado nuevamente el endeudamiento externo,
esta vez con China, con las ventas anticipadas de petróleo por 4.000
millones y un último préstamo de 1.600 millones, que alcanza actualmente
a 19 mil millones. Además insiste en la firma de un TLC con la Unión
Europea, cuando el Pueblo Ecuatoriano ya expresó claramente que no.
El
modelo no ha cambiado: el eje de la economía sigue siendo el modelo
primario exportador, la extracción de recursos naturales y la
exportación de mano de obra barata. Y los beneficiarios del crecimiento
del 0.8% que tanto felicita la CEPAL, son los 62 grandes grupos
empresariales que concentran el 41% del PIB, que pasó de 529 millones de
dólares en 2006 (antes de Correa) a 701 millones de dólares en 2009; y
la duplicación de las utilidades de la banca privada de 2010 a 2011. Es
decir, los ricos están ganando más que nunca, mientras según la misma CEPAL, ha aumentado la desigualdad.
Y
las propuestas que construidas en el proceso de las organizaciones
populares, indígenas, campesinas, de trabajadores, de mujeres, se
cristalizaron en la Constitución de Montecristi, quedan en letra muerta.
No existe ninguna voluntad real de transformar el país en un verdadero Estado Plurinacional.
Por
el contrario, las organizaciones populares y el movimiento indígena,
que históricamente hemos sostenido propuestas de transformación profunda
de las estructuras políticas y económicas en beneficio de los sectores
explotados y excluidos, hemos sido identificados como enemigos de la “revolución”.
El gobierno ha intentado dividirnos, crear nuevas organizaciones,
deslegitimar a nuestros dirigentes y finalmente, nos ha criminalizado
por defender nuestros derechos y la propia Constitución.
Por esto
no bajamos los brazos y estamos dispuestos para enfrentar las políticas
gubernamentales, para construir un verdadero Estado Plurinacional:
En lo económico:
1) Destrucción minera y petrolera. La
política extractivista que viene promoviendo el Gobierno afecta las
tierras y territorios indígenas y campesinos, a través de la X ronda
petrolera y de la implementación de la mega minería a cielo abierto. Las
concesiones, en manos de empresas extranjeras (chinas, canadienses,
brasileñas) demuestran el compromiso con los capitales trasnacionales, y
la dependencia de las rentas, a costa de la destrucción irreversible de
la Pachamama, la salud de las personas y de una vía agrícola para el
desarrollo del país.
2) Más y más impuestos.
La imposición de nuevos impuestos afecta a todos los ecuatorianos, en
el campo estamos obligados a pagar un impuesto a tierras rurales a nivel
nacional y otro municipal, que según las disposiciones del COOTAD,
incluye no solo los predios sino también maquinarias y animales. En las
ciudades, el impuesto predial se ha incrementado afectando incluso a los
barrios populares. Los impuestos verdes, que se supone que se
aplicarían principalmente a los más ricos, afectan mayoritariamente a
los propietarios de vehículos más antiguos, el decir, a los más pobres.
3) Ataque del SRI a las economías populares. Comerciantes
informales, feriantes, agricultores, artesanos y trabajadores en
general estamos al borde de la crisis con la política formalización e
incrementos del servicio de rentas internas. En lugar de realmente
exigir el pago de impuestos a los grandes capitales, son las economías
populares e incluso las estructuras de las OSGs y las comunidades, las
más afectadas, ya que no tenemos contadores. El incremento de multas del
SRI alcanza a los $31,50 por mes de retraso en las declaraciones,
generando deudas impagables.
4) Areteo del ganado. Es
un modo de aplicar a los campesinos el sistema del SRI y los impuestos
prediales según el COOTAD, pues no sólo registra los animales en cada
finca sino que exige a sus propietarios tener RUC y RUP para poder
comercializar. Es un modo de formalizar las economías campesinas para
que paguen más impuestos. Además, implementa el sistema de
“trazabilidad” que significa que van a exigir que se cumpla con un
sinnúmero de exigencias (vacunas, registro sanitario, etc.) para poder
decir que nuestros animales pueden ser comercializados, y así restringir
el acceso de nuestros productos campesinos al mercado.
5) Continuidad de la privatización del agua y la no aprobación de una Ley de Recursos Hídricos,
que implica una violación a la Constitución, al no haber realizado la
auditoria del agua para identificar a los aguatenientes y generar los
instrumentos para garantizar el derecho humano al agua y la gestión
comunitaria. Por el contrario, la SENAGUA está implementando un plan de
construcción de represas hidroeléctricas para garantizar agua a la
agroindustria y los biocombustibles; y además, generar energía y
concentrar agua para poder implementar la mega minería que requiere
hasta 250.000 litros por hora y grandes cantidades de electricidad.
6) Crisis de la agricultura campesina, concentración de tierras y fomento del agronegocio.
La crisis de la agricultura campesina está dada por las condiciones
estructurales de concentración de la tierra y el agua; la
intermediación; la falta de acceso al crédito y la dependencia de un
paquete tecnológico de insumos cuyo costo está en constante aumento.
Todas circunstancias que las políticas gubernamentales que prometieron
una “revolución agraria” no han afrontado. El Plan Tierras no sólo ha
distribuido cantidades irrisorias de propiedades sino que ha generado un
circuito de endeudamiento impagable para los campesinos; los créditos
555 son inaccesibles y el Banco de Fomento exige cada vez más requisitos
haciendo imposibles los créditos dejando como única opción las
cooperativas de ahorro y crédito; y las Escuelas de la Revolución
Agraria, no han hecho sino enseñar a aplicar mejor los mismos paquetes
de agroquímicos, que hora exige ser afiliado al partido de gobierno para
acceder a la urea subsidiada.
Mientras tanto, y como ejemplo, el
costo de producción del quintal de papa está en $17 y se vende a $9 en
el mercado, es decir, que los campesinos están subsidiando en $8 dólares
cada quintal que sostiene la soberanía alimentaria de los ecuatorianos,
corriendo los riesgos en caso de perdidas.
Debe declararse la
emergencia del sector agropecuario campesino y comunitario; generar un
sistema real de de crédito preferencial; una política sostenible de
transformación productiva hacia un modelo agroecológico y garantizar
desde el Estado el seguro agrícola de forma gratuita. Y aprobarse una
Ley de Tierras y Territorios que sancione el latifundio y la
concentración de la tierra, la violación a su función social y
ambiental, y que la redistribuya a los y las que no tienen, y a las
comunidades que fueron despojadas.
7) Sanciones al trasporte rural y comunitario. Como
parte de la nueva Ley de Transito se han restringido los servicio
básicos de transporte que se provee a las comunidades rurales,
penalizando a los transportistas por llevar pasajeros en el balde y
llevar cargas, cuando este es el único medio para esta prestación a las
comunidades. Compañeros transportistas han sido detenidos con sus
camionetas, debiendo pagar altísimas multas.
8) Endeudamiento. Las
condiciones desfavorables para el acceso al crédito y una política de
fomento al crecimiento del sector han dejado a los campesinos a merced
de las cooperativas de ahorro y crédito, que a tasas de interés
usurarias han entregado millones de dólares a las familias rurales, que
ahora se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo en la agroindustria
y las ciudades para poder pagar. Al mismo tiempo, gran parte de estas
cooperativas tienen su capital en el Banco del Pichincha, demostrando en
parte que el crecimiento de las rentas de la banca privada provienen
del sector indígena.
En lo social:
1) Violación sistemática al derecho a la educación intercultural bilingüe de los niños, niñas y adolescentes indígenas. La
oferta educativa para los pueblos indígenas se reduce en términos
reales a la escuela primaria, dejando a miles de niños y niñas si
posibilidad de accedes a estudios secundarios. La mitad de las escuelas
bilingües no cuentan con docentes que hablen la lengua materna de los
estudiantes, y menos son los que pertenecen al mismo pueblo o
nacionalidad. Y la alimentación escolar así como la infraestructura
básica de las escuelas rurales, no cumple con las necesidades
fundamentales de los niños y niñas.
2) Violación al derecho de acceso a la educación superior. La
restricción de los cupos y la implementación obligatoria de exámenes de
ingreso a las Universidades Públicas ha restringido enormemente el
acceso de jóvenes indígenas a la educación superior.
3) Violación al derecho a la comunicación, en
tanto no se respete la disposición constitucional sobre el porcentaje
de frecuencias a ser asignado a entidades comunitarias y se mantenga en
la ley la exigencia de profesionalización que afecta ampliamente a
comunicadores indígenas. La disposición de la necesidad de democratizar
la comunicación no se refleja en la ley. Además, en el contexto actual,
el derecho a la comunicación y a la expresión de las ideas no está
garantizado.
Debe aprobarse una Ley de Comunicación que
contemple los principios fundamentales para la democratización real y la
construcción de una comunicación plurinacional e intercultural.
En lo político:
1) Criminalización de la lucha y la protesta social.
Son más de 500 compañeros y compañeras que han sido criminalizados,
reprimidos y perseguidos judicialmente por actuar en defensa de los
derechos sociales y de la Naturaleza, en muchos de estos casos bajo la
figura de sabotaje, terrorismo y asociación ilícita; lo cual demuestra
una política sistemática de criminalización de la organización popular.
Exigimos el cese inmediato a la persecución y la interrupción de los
procesos judiciales.
2) Aprobación e implementación ilegal de leyes, políticas y proyectos sin consulta previa y pre legislativa,
soslayando el carácter plurinacional del Estado. Las disposiciones
constitucionales, así como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de
la NNUU sobre Pueblos Indígenas, definen con claridad el derecho de los
pueblos y nacionalidades a ser consultados ante medidas estatales o
proyectos privados que les afecten. El Ecuador ha implementado
sistemáticamente medidas que tienen carácter ilegal al obviar estas
disposiciones. Por ello exigimos la implementación de la consulta previa
y pre legislativa como instrumento de construcción transversal del
Estado Plurinacional e Intercultural.
3) Intento de división del movimiento indígena,
rompiendo nuestras estructuras organizativas y creando organizaciones
paralelas. El Gobierno ha buscado condicionar políticamente a las
organizaciones con prebendas, cooptar a los grupos de base y engañar con
falsos acuerdos a las dirigencias. Ha intentado individualizarnos,
combatiendo a los espacios colectivos, para debilitar nuestros procesos.
Y ha tratado de infiltrarnos, seguir a nuestros dirigentes, robar
información y amedrentarnos.
Por estas razones nos
movilizamos, convocando a todos los sectores populares, indígenas,
campesinos, trabajadores, estudiantes, jóvenes y mujeres, a luchar por
el ejercicio de nuestros derechos, la defensa de la Madre Tierra y por
la construcción de un nuevo país. Nos convocamos en este que es un
proceso de carácter social y popular, no electoral, a seguir luchando y
resistiendo por el Sumak Kawsay.
